BSA ha puesto en marcha una campaña informativa para advertir a las empresas valencianas de que el uso de software sin licencia podría ser sancionado con penas de cárcel como contempla el nuevo código penal, que entró en vigor el pasado mes de julio.
Según los datos del informe sobre piratería de software por Comunidades Autónomas en España, realizado por la consultora IDC, el índice de software sin licencia en Valencia es 55 %, frente a la media del 45% para el conjunto de España.
BSA recuerda que el nuevo código penal establece que los administradores de empresas que utilicen software ilegal podrían enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión. Además tendrían que afrontar otro tipo de sanciones previstas para las personas jurídicas como multas, que pueden llegar a ascender a los 280.000 euros, disolución de la persona jurídica, suspensión de la actividad, clausura de locales y establecimientos, inhabilitación para contratar con el sector público, obtener ayudas públicas y para tener beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
El responsable legal de BSA en España, Carlos Pérez, explicó que “todavía hoy muchos responsables de informática, directivos y empresarios desconocen que pueden estar incurriendo en serios riesgos al gestionar de forma errónea sus activos de software. Con esta iniciativa queremos desterrar la idea de que usar software sin licencia es más barato, y concienciar a más empresas de que pueden obtener mucho más valor del software si lo hacen de forma legal”.
La campaña incluye una página web y una línea de atención telefónica para que empresas y directivos se informen sobre las ventajas del uso de software legal y las consecuencias operativas y legales asociadas a la instalación y uso sin licencia.
Valencia es la tercera ciudad en la que se pone en marcha esta campaña, tras Málaga y Bilbao, con el fin de concienciar a las empresas de las ventajas del uso del software legal.
BSA señala que las empresas que fueron denunciadas e investigadas por uso de software ilegal el año pasado tuvieron que afrontar multas e indemnizaciones que en su conjunto superaron los 800.000 euros, un 17% más que en 2013.
