El mundo de los terminales punto de venta está viviendo un periodo de adaptación y cambio acelerado debido a la entrada en vigor de importantes regulaciones que buscan aumentar la seguridad y el control fiscal sobre las transacciones electrónicas. Estas medidas, ya implementadas en varios casos, impactan directamente en comercios y empresas que utilizan TPV y plataformas de pago digital.
Desde julio de 2025, la Ley Antifraude obliga a que todos los TPV cumplan con requisitos estrictos de homologación para garantizar la integridad, inalterabilidad y trazabilidad de los registros de venta. Esta normativa, establecida en el Real Decreto 1007/2023, tiene como objetivo evitar fraudes y mejorar la transparencia fiscal, imponiendo sanciones que pueden alcanzar los 150.000 euros en caso de incumplimiento.
Además, en abril de 2025 entraron en vigor las nuevas exigencias de la versión 4.X de la norma PCI DSS, que establece controles más rigurosos para proteger los datos sensibles durante las transacciones electrónicas. Entre las medidas destacan el cifrado reforzado, la prevención de la copia no autorizada de datos y la monitorización continua para detectar comportamientos sospechosos en los sistemas de pago.
Estos cambios regulatorios forman parte de un esfuerzo global para hacer los pagos digitales más seguros, protegiendo tanto a los consumidores como a las empresas frente a fraudes y ciberataques. Los comercios deben adaptarse a estos estándares para mantener la confianza de sus clientes y evitar sanciones.
Por otra parte, en enero de 2026 entrará en vigor el Real Decreto 253/2025, que amplía el control fiscal digital al obligar a bancos y plataformas como Bizum a reportar mensualmente a Hacienda todas las operaciones profesionales realizadas a través de TPV. Esta medida elimina los límites anteriores en la notificación de ingresos, lo que permitirá a la Administración tributaria contar con un mayor detalle y frecuencia en la información fiscal.
Este incremento en la supervisión busca combatir la economía sumergida y asegurar que las transacciones electrónicas profesionales sean completamente transparentes. Para los negocios, esto significa un mayor rigor en la gestión de sus cobros y la necesidad de contar con sistemas de pago totalmente homologados y auditables.
Así las cosas, el sector de los TPV se enfrenta a un escenario de mayor exigencia regulatoria que, si bien implica desafíos, también representa una oportunidad para modernizar y fortalecer la seguridad en los pagos digitales, garantizando un ecosistema más fiable para todos los actores involucrados.
