Las principales asociaciones y organismos que agrupan estas empresas han alzado la voz para pedir medidas a la Administración Pública con el fin de paliar los efectos de esta crisis y poner en marcha un plan de recuperación.
Uno de estos organismos ha sido la Asociación Europea de Cámaras de Comercio, EuroChambres, que ha reclamado en una declaración la solidaridad y la cooperación paneuropea para la reactivación económica tras la crisis provocada por la pandemia.
“Nos enfrentamos a una recesión simétrica, por lo que debemos trabajar juntos para identificar y buscar una respuesta coordinada”, señala la declaración.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, se dirigió a EuroChambres, el pasado 5 de abril, demandando una acción contundente y coordinada para hacer frente a esta crisis. Bonet declaraba que “no podemos esperar, que nos jugamos nuestro futuro y no debemos aceptar que la Unión Europea escatime medios para que los países de la Unión más afectados puedan contar, desde el primer día, con la solidaridad financiera y política de los demás”.
Ahora EuroChambres en su declaración muestra su compromiso para cooperación con los responsables políticos y la sociedad civil para definir e implementar un plan para el renacimiento de Europa. Y como muestra de este compromiso aporta a la hoja de ruta y plan de acción para la recuperación de la UE una serie de medidas para fomentar la recuperación. En este serie de medidas se encuentran desde alcanzar un acuerdo sobre el próxima Marco Financiero Plurianual (MFP) hasta administrar el despliegue a gran escala de las recientes medidas de liquidez financiera de la UE para garantizar que su impacto llegue a la gran cantidad de pymes en dificultades en todo el continente, pasando por tomar medidas rápidas para salvaguardar el comercio internacional de bienes y servicios y preservar las cadenas de suministro mundiales.
Además reclama acelerar la transición a procedimientos digitalizados, intensificando los esfuerzos para implementar la Declaración de Tallin 2017 sobre Administración Electrónica; y emprender un impulso para establecer una infraestructura digital avanzada en toda Europa e invertir en capacidad digital, seguridad cibernética y redes.
ANGED
La asociación nacional de grandes empresas de distribución (ANGED) ha alertado del desplome en las venta por la crisis y de la necesidad de establecer una serie de medidas para recuperar la actividad y el empleo. Alfonso Merry del Val ha advertido que “las ventas en algunas categorías de no alimentación pueden caer entre un 25 % y un 50 % este año. En unos meses, la caída puede ser mayor que en los cinco años de la crisis anterior, de 2008 a 2013”. Por este motivo ha pedido el trabajo conjunto para “pensar en el Día D: cómo vamos a volver a abrir las tiendas, qué medidas de seguridad vamos a seguir y qué medidas de impulso al consumo vamos a adoptar”.
A juicio de la asociación, las medidas económicas tienen ofrecer garantías de liquidez, mediante medidas de apoyo fiscal y financiero para que las empresas que van a estar al menos dos meses cerradas puedan hacer frente a sus obligaciones con proveedores, acreedores y costes fijos de su estructura. También tienen que tomarse medidas de flexibilidad laboral, que permitan a empresas y trabajadores llegar a los acuerdos necesarios para salvar la compañía y mantener el mayor empleo posible. Y otras para evitar el miedo a consumir en los próximos meses.
Otras asociaciones
La situación actual también ha provocado que otras asociaciones del comercio reclamen de forma conjunta al Gobierno ayudas para hacer frente a los gastos corrientes en especial los alquileres de los locales comerciales.
La Confederación Española de Comercio CEC, la Asociación Española de Centrales de Compra ANCECO, las asociaciones de cadenas de retail, servicios y restauración AMICCA, COMERTIA, ACOTEX y EURELIA y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos FECE ha firmado un manifiesto para denunciar que los comercios se enfrentan a una situación sin precedentes, en un escenario de corte radical de ingresos que provocará el cierre de hasta el 50 % de las empresas según los sectores y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo a corto y medio plazo.
Estas organizaciones agrupan 510.000 puntos de venta y generan 1,7 millones de puestos de trabajo. El sector comercial tiene un peso en la economía 13,0 % y es un sector que aporta el 17 % de los afiliados a la Seguridad Social, según datos de 2018.
Las organizaciones manifiestan la enorme dificultad de afrontar el pago del principal coste de la actividad, los alquileres de los locales comerciales, y reclaman la adopción de medidas económicas que faciliten mediante un sistema de subvenciones hacer frente al pago de los alquileres durante al menos el periodo de cierre forzoso; aunque también piden un al Gobierno un nuevo marco normativo que cubra la renegociación bilateral de los contratos de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a la condonación de rentas durante el periodo de cierre de puntos de venta y el periodo posterior a la apertura.
Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento. A su juicio, la norma deberá contemplar desde el inicio del estado de alarma y al menos hasta los seis meses siguientes a su terminación.